En la lona ¡no!

Enrique Beltrán

Todavía somos un Estado de Derecho por más esfuerzos que haga el oficialismo para su progresiva asfixia. Sí la del Derecho, no, la del Estado. Mientras se encogen las garantías que aquel ofrece, más se dilata la presencia estatal y más ancho campo tiene el favoritismo, la discrecionalidad y la corrupción. Cuando es manejado con desenfrenado proselitismo político, como son los nombramientos masivos en todos los rincones de la administración pública, las canongías y los etcéteras que quieran agregársele, introducen factores distorsionantes del pronunciamiento de la ciudadanía en las urnas. Lo que se insinuó a poco de asumir el poder, el andar del tiempo lo precisó de una manera más inquietante. Fue a poco del primer año de gobierno, que la Convención del Partido Nacional hizo una declaración, que advertía que ciertas decisiones del gobierno, comprometían garantías del Estado de Derecho. Las ocupaciones de los locales de trabajo, las reiteradas censuras a los medios de prensa, el exclusivismo voraz que bloqueaba la presencia de las minorías en el seno de la administración, eran algunas de las señales que perfilaban la gestión del oficialismo.

Las advertencias de la autoridad partidaria resbalaron en su soberbia sordera. Dos rasgos apuntaban ya en esas tiendas; su creciente descuido por esas garantías, ya que buena parte de las fuerzas políticas que integraban el Frente Amplio, no creían en ellas más que cuando las afectaban directamente. El otro rasgo era su trance mesiánico, aunque muchos de sus integrantes, pasearon sus simpatías y sus afectos, tras dictaduras que se eternizaron en el tiempo y en el dolor de quienes las padecían.

Como se temía, desde aquella advertencia de la Convención, el menoscabo del Estado de Derecho se fue intensificando. Como una demostración más de ese tenaz quebrantamiento señalé, un par de semanas atrás, los ataques de diversa índole al Fiscal de Corte, al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral, a los que se castiga por la independencia con que actúan, sin convertirse, como se pretendió, en el mero eco de los caprichos del oficialismo. Esa agresión solapada tiene el terreno más propicio cuanto más monocorde es la administración, que a veces, en su encierro, parece confundirla con una propiedad del partido gobernante. Así ha ocurrido por ejemplo, con la promoción de iniciativas del gobierno en las cuentas de los servicios públicos como sucedió con los recibos de Antel y el proyecto de reforma de la educación. Traduce una mentalidad de partido único o un subconsciente de él, que asoma con los primeros sabores del poder. Otra transgresión reiterada, es la frecuencia con que el Parlamento no puede cumplir efectivamente su función. Las iniciativas legislativas por complejas, cuestionables o disparatadas que sean, son aprobadas por el órgano político frentista, y la discusión de las minorías en el recinto se suele estrellar contra la empecinada sordera del oficialismo. Es entonces que el funcionamiento parlamentario queda en los hechos, desplazado por las decisiones de la autoridad partidaria. No es de extrañar entonces que salgan así a tambor batiente leyes como las de la adopción de menores por parejas de homosexuales, la obligación de ofrecer los inmuebles antes de su venta a los gobiernos departamentales, de los cuales diescisiete ya anunciaron que no se acogerán a la opción y tantas otras que son inquietantes cajas de sorpresas y reiteradas violaciones a la Constitución. Todavía hay Estado de Derecho aunque bastante maltrecho.

No dejemos que un bis lo tienda en la lona. De poco valdrá lamentarse entonces.