Lo que explica la prosperidad de las naciones en la actual etapa de la humanidad es la posibilidad de crecer a través de la incorporación de valor a los productos que cada economía genera. Ese valor agregado sólo es sostenible en el largo plazo mediante la capacidad de desarrollo científico nacional, afirmó el Dr. Andrés Bernasconi, vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Andrés Bello de Chile. El entrevistado participó en el Seminario sobre Clima de Inversión y Competitividad, que tuvo lugar a mediados de junio en Montevideo. A continuación se publica un resumen del diálogo que mantuvo con ECONOMIA & MERCADO.

-¿Dónde está y hacia dónde va la educación superior en el Cono Sur de América?

-Hay varias tendencias que son comunes a nuestros países y al resto del mundo. Quizás, la más notoria es la masificación de la educación superior. Una proporción cada vez mayor de la juventud está en condiciones de acceder a los estudios universitarios porque, sencillamente, hay más egresados del ciclo secundario. Sin embargo, esta situación crea un desafío enorme en cuanto a la equidad social porque quienes tienen mejores posibilidades de ingresar a la universidad o a los institutos terciarios o técnicos suelen pertenecer a los hogares con ingresos más altos, independientemente de su concurrencia a instituciones públicas o privadas. El reto que deben asumir los gobiernos es destinar fondos públicos que permitan a los jóvenes pobres proseguir estudios superiores y evitar que deserten por razones de subsistencia.

-¿En qué otros aspectos la educación superior de la región exhibe tendencias similares a las del resto del mundo?

-La privatización de la educación superior es un fenómeno global, tanto en lo que se refiere al aumento del número de instituciones privadas, así como a la creciente exigencia para que las universidades públicas obtengan financiamiento privado de modo de complementar los fondos que les aporta el Estado.

Otra característica común es que la educación superior, que solía concentrarse en formar personas de entre 18 y 24 años de edad, se está abriendo a la formación de adultos, especialmente a través de la llamada "educación continua". Esto está relacionado con las carreras de postgrado y también con la necesidad de reciclaje que tienen los profesionales universitarios.

Además, todas las universidades están sometidas a una incesante presión para que el conocimiento que imparten tenga un impacto directo, inmediato y mensurable en el desarrollo económico y social de sus países. Hoy se le solicita a los centros universitarios que demuestren su contribución a la prosperidad de las sociedades de las que son parte, mediante el nivel de conocimientos de sus egresados, la calidad de sus investigaciones, la extensión de sus cursos a sectores marginales o atrasados culturalmente, etc.

Formación

-¿Está preparado el sistema universitario de los países del Cono Sur para formar graduados capaces de acceder y desempeñarse satisfactoriamente en una economía del conocimiento?

-Nos falta mucho para poder afirmar que estamos preparados para enfrentar la demanda y las necesidades que provienen de una economía distinta a la actual. Las universidades son las principales productoras de ciencia en América Latina, pero están todavía bastante atrasadas, excepto Brasil, en su capacidad de producción científica a nivel competitivo mundial, lo cual constituye un prerrequisito de cualquier desarrollo tecnológico propio. Ese retardo de las universidades latinoamericanas en cuanto a la producción de sus recursos humanos avanzados limita la capacidad científica necesaria para la innovación.

-¿Cuál es la situación de las empresas privadas en materia de investigación y desarrollo (I+D)?

-En general, los sectores productivos latinoamericanos funcionan sobre la base de tecnología importada y, por tanto, son dependientes de la innovación que se realiza en otros países. Por otra parte, las empresas privadas locales son refractarias a invertir en desarrollo y conocimiento, aunque no se les puede culpar de tacañería. En efecto, no hay alicientes para fomentar la innovación porque las condiciones económicas de nuestros países no permiten garantizar la rentabilidad de esas inversiones, la disponibilidad de recursos humanos para formar departamentos internos de I+D suele ser insuficiente y, en muchos casos, la protección de la propiedad intelectual es muy débil. Toda esa serie de obstáculos determina que sea más conveniente para las empresas, cuando tienen una necesidad determinada, recurrir a una solución tecnológica de una firma internacional especializada en el tema. Sin embargo, hay casos exitosos de investigación científica en la región que han resultado de una intensa cooperación entre el sector privado y los centros universitarios.

-¿Cómo se articula la universidad con la empresa para crear bases de investigación?

-La ciencia de las políticas públicas de innovación consiste en entender que la sociología de la academia y la de la empresa son fundamentalmente distintas porque apuntan a objetivos diferentes. Allí el Estado debe realizar una intermediación, aunque no directamente sino a través de agencias de fomento de la vinculación entre la universidad y la empresa; pero también la puede hacer la propia universidad. En Estados Unidos son las universidades las que se encargan de hacer la interfaz. Los académicos siguen investigando lo que les interesa, pero hay "exploradores" de innovaciones, quienes trabajan en la oficina central de la universidad, que están permanentemente informándose de la labor de los investigadores y tienen un buen olfato para detectar cuándo surge algún estudio que pueda tener un impacto comercial. Son ellos y no los profesores quienes se preocupan de contactarse con el sector privado e informar de los distintos tipos de investigaciones que podrían ser de utilidad a los empresarios. Es una aspiración utópica pensar que esta vinculación a nivel de política pública se pueda hacer simplemente porque el profesor se encuentre con un empresario en una reunión social y deciden trabajar juntos.

-¿Cómo podría el Estado fomentar los vínculos entre las empresas y las universidades en el área de la innovación tecnológica?

-El Estado tiene ciertas obligaciones para el establecimiento de reglas de juego que hagan posible la participación de las empresas y las universidades en esta partida. Lamentablemente, muchas veces esas reglas de juego adolecen de defectos porque hay incertidumbre económica, interferencias políticas, excesiva burocracia, etc., lo cual retardan la innovación.

Investigadores

-¿De qué forma podrían avanzar más las universidades públicas y privadas en innovación tecnológica? -Hay que entender que la innovación no es una abstracción, sino que es el resultado de la labor de personas físicas. Es prioritario que las universidades cuenten con un pool de investigadores que permita dar un salto a la innovación. Para ello, se pueden contratar científicos en el mercado local o en el extranjero, dependiendo de cuán atractivo sea el ambiente universitario y cuán alto sea el nivel de las remuneraciones que se ofrezcan. También existe la posibilidad de formar investigadores localmente, si hay buenos programas de doctorado disponibles en el país, o en el exterior, y luego traerlos de vuelta para que apliquen sus conocimientos en el país de origen. Esta última solución se intentó en América Latina sin mucho éxito en la década del sesenta.

En el caso de Uruguay, que tiene una diáspora tan grande, debe haber miles de emigrados que han alcanzado niveles académicos de prestigio. Bajo ciertas condiciones, algunos podrían retornar al país si encuentran un ambiente hospitalario y si las universidades tienen la capacidad de montar laboratorios y costear investigaciones similares a las que ellos realizan en el exterior.

-¿Qué significa un "ambiente hospitalario" para los investigadores?

-Me refiero a algunos requisitos que dependen de las universidades y otros del sistema de apoyo a la investigación. Es imprescindible que la universidad tenga un sistema meritocrático de evaluación y promoción de sus profesores de modo que los mejores sean quienes progresen más. Para ello es necesario evaluar al cuerpo docente a través de indicadores objetivos que, en este caso, consisten en su productividad científica.

-¿Qué se le exige a un investigador universitario del área científica en Chile?

-La exigencia depende de la disciplina a la que pertenece el investigador. En las áreas de biología, ingeniería y matemáticas, típicamente tienen que publicar al menos dos artículos por año en revistas internacionales especializadas, que están agrupadas en un sistema de base de datos electrónica que se denomina ISI, lo que asegura que los trabajos son revisados por especialistas antes de su publicación. Además, se solicita a los investigadores que ellos mismos consigan el financiamiento para sus proyectos. Si bien la universidad aporta el salario del profesor, este tiene que ser capaz de ganar concursos locales o en el exterior a efectos de lograr autofinanciarse para lo que representa el gasto variable de su investigación.

Inversión en I+D

-¿Es suficiente con que se aumente la inversión en I+D para que la innovación tecnológica vaya surgiendo en forma proporcional?

-Es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin una masa crítica de capital humano formado en investigación científica, sencillamente no hay innovación. Eso no significa que se van a obtener innovaciones tecnológicas sólo con formar investigadores y proporcionarles fondos para sus proyectos. Para que se logre innovación, deben cumplirse diversas etapas que van desde la producción de ciencia básica hasta la innovación que se traduce en la incorporación de valor al producto.

-¿No resulta más económico adquirir tecnología en el exterior que invertir en investigación, ya que el trabajo de laboratorio tiene un retorno a muy largo plazo?

-Los países emergentes deberían evitar esa solución facilista, porque todas las sociedades, ricas o pobres, deben tratar de desarrollar una capacidad de innovación en base a los conocimientos científicos locales. Lo que explica la prosperidad de las naciones en la actual etapa de la humanidad es la posibilidad de crecer a través de la incorporación de valor a los productos que cada economía genera. Ese valor agregado sólo es sostenible en el largo plazo mediante la capacidad de desarrollo científico nacional que apunte a resolver los problemas productivos de las actividades agrarias y extractivas en que se basan nuestras economías.

En el caso de Chile, si las dificultades para aumentar la productividad en la industria del cobre no son resueltas por los técnicos locales, es poco factible que aparezca una buena solución en otros países donde no se explota ese metal. En las industrias en que América Latina tiene ventajas competitivas, difícilmente alguien pueda resolver los problemas más graves. Incluso pagando para que lo hagan, es muy probable que sólo puedan ponerle un parche a los temas de productividad. Por lo tanto, los latinoamericanos estamos condenados a investigar e innovar. Un ejemplo a seguir es el de Brasil que ha desarrollado su propia industria petroquímica. No se puede pensar que un país sea capaz de desarrollar una fortaleza en una determinada actividad económica si no está respaldada por una comprensión adecuada del conocimiento que incide en su funcionamiento.

-¿Cómo se convence a los empresarios a invertir en investigación e innovación?

-La experiencia, al menos en Brasil y Chile, demuestra que las empresas que están más dispuestas a escuchar suelen ser las de mayor tamaño porque cuentan con recursos financieros para la investigación, cuyo retorno no es inmediato ni está garantizado. Por eso, no tiene mucho sentido pedirle a las Pymes que inviertan en I+D porque carecen de posibilidades económicas para hacerlo. Como muchas de las grandes empresas latinoamericanas son estatales, resulta más fácil persuadirlas porque sus directorios obedecen a comandos políticos.

En cambio, la estrategia a aplicar en las empresas privadas es diferente. Cuando se les presenta un problema realmente complejo que ni siquiera una consultora puede resolverlo, debe hacérseles ver que la solución requiere conocimientos científicos, cuya obtención va a insumir uno o dos años de trabajo, y proponerles que el Estado les apalanque los recursos generalmente escasos que tenga la propia empresa para hacer investigación. Chile ha venido haciendo esto por muchos años, aunque los resultados no han sido necesariamente espectaculares. Por lo general, la empresa contribuye con un 20% de los fondos necesarios y el resto lo aporta el Estado. Quizá la participación de la empresa sea muy poca y haya que empezar a pedirle un poco más.

-¿En dónde se podría desarrollar esa investigación?

-En América Latina el grueso de las empresas no hace ningún tipo de investigaciones tecnológicas a diferencia de la política de las compañías en Estados Unidos. Entonces, como la base científica local está en las universidades, no queda otra alternativa que hacer los desarrollos científicos en las instalaciones de los centros de educación superior. Hoy sería muy costoso y poco rentable, crear institutos de investigación separados de las universidades.

En la región se apuesta por el caballo favorito

-¿Qué apuestas trascendentes en materia de ciencia y tecnología debe realizar un país pequeño como Uruguay que dispone de recursos limitados para invertir en I+D, tanto a nivel universitario como en el sector empresarial?

-La estrategia utilizada en varios países consiste en identificar determinadas actividades que, por diversas razones, tienen un mayor potencial de desarrollo a largo plazo. En los países de la región, la investigación científica suele estar relacionada a la producción de recursos naturales. Al identificarse esas áreas de desarrollo productivo, deben tener prioridad las inversiones en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el caso de Chile, esa inversión ha apuntado a los sectores minero, forestal, agroindustrial, turismo, acuícola, servicios financieros, etc. Me imagino que la lista no debe ser muy distinta a la que se podría hacer para Uruguay.

La estrategia es apostar a que esos sectores van a continuar siendo el puntal de la economía y, por consiguiente, hay que volcarles recursos considerables. Se han escuchado voces críticas que sostienen que esa política es muy peligrosa porque equivale a apostar por el favorito en una carrera hípica, corriéndose el riesgo de soslayar por completo a otros sectores de la actividad que hoy pueden parecer irrelevantes, pero que pueden florecer dentro de veinte o treinta años. Si bien no es una estrategia libre de críticas, no existen muchas alternativas en los países pobres. Se concentra la inversión para la investigación en unas pocas áreas o se reparten los escasos recursos en tantos sectores que posiblemente no tengan ningún impacto positivo.

La mayoría de las facultades exige dedicación exclusiva al cuerpo docente

-¿Cuál es el nivel salarial de la docencia universitaria en Chile?

-Varía mucho de una universidad a otra, pero en promedio se puede estimar que un profesor universitario full-time recibe una remuneración de alrededor de US$ 3.000 por mes. Un salario inicial es del orden de US$ 2.000 mensuales y el de un académico senior alcanza a los US$ 4.000. Los docentes, además, pueden percibir dos tipos de remuneraciones externas. Por un lado, tanto los proyectos de investigación básica como los de investigación aplicada que adjudica el Estado tienen un componente de remuneración para el investigador. Esos ingresos oscilan entre los US$ 600 y US$ 1.200, y representan un incentivo para el investigador.

El otro ingreso adicional para el docente proviene de labores de asistencia técnica, básicamente consultorías. En áreas como administración, derecho, economía e ingeniería no es infrecuente que esas remuneraciones igualen el salario mensual del profesor. En ningún caso, el académico puede negarse a cumplir con sus obligaciones de investigación y publicación por razones de compromisos en proyectos o consultoría, siendo los requisitos de evaluación del desempeño de cada profesor muy exigentes. En definitiva, los docentes universitarios chilenos están bien pagos, pero deben trabajar mucho. Ya se terminó la época en que la labor universitaria era una especie de beca, en que por una retribución mínima se dictaban un par de horas de clase. Hoy la mayoría de las facultades exige dedicación exclusiva al cuerpo docente.

-¿Por qué los salarios de los académicos chilenos son más altos que en Uruguay?

-A mediados de la década del ochenta, la apertura de la educación al sector privado hizo que aumentara la demanda de profesores de nivel universitario, haciéndose más competitivo el mercado de trabajo de los docentes al haber más universidades interesadas en contar con sus servicios. El método más común y efectivo para captar académicos fue ofrecerles mejores condiciones laborales, lo cual ha generado un círculo interminable de beneficios en las remuneraciones del cuerpo docente que ha continuado hasta ahora. Esa clásica ley de oferta y demanda es lo que explica la suba del costo de la contratación de docentes universitarios en Chile.

-¿Cuántas horas destinan a la investigación los docentes universitarios en Chile?

-En centros académicos que cuentan con investigadores productivos, se entiende que el 50% de su tiempo es para actividades relacionadas con la investigación y el resto es una combinación en que un 30% se dedica a la docencia directa y un 20% a tareas de administración, asistencia técnica o proyectos. Por lo general, se le pide a los profesores que dicten tres o cuatro cursos de pregrado por año independientemente de que también den cursos de postgrado, que se suelen pagar aparte.

Ficha técnica

Andrés Bernasconi, chileno, 40 años, se licenció de abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obtuvo un máster en políticas públicas en la Universidad de Harvard y se doctoró en sociología de organizaciones en la Universidad de Boston. Actualmente es vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Andrés Bello (Chile). Con anterioridad, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca (Chile), investigador asociado de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, director de Estudios del Consejo Superior de Educación de Chile.