Fabián Muro

El diagnóstico es conocido y fue publicado por Presidencia en su sitio web: "Muchos de los juicios (contra el Estado) no fueron resueltos por los abogados en su momento, provocando erogaciones excesivas e innecesarias, producto de la desidia en la forma de cuidar los recursos públicos, pero además en la tónica generalizada de tirar las decisiones para adelante y de esa forma desentenderse de toda responsabilidad".

Los litigios contra el Estado son extensos, caros y terminan, a menudo, en contra de los intereses de la administración pública. Las constantes derrotas en los juzgados dan cuenta de la incapacidad para frenar, o al menos disminuir, las pérdidas. Casos como los de los reclamos del gremio de los trabajadores municipales (Adeom), donde la Justicia falló a favor del gremio por un contrato incumplido; el de los guardahilos, que reclaman ser empleados públicos aún en litigio aunque el Estado, aunque ya se ha fallado contra Antel; o el de los antiguos socios del Banco Comercial a quien se les debe 150 millones de dólares, son los más notorios enfrentamientos judiciales contra actuaciones erradas de la administración central.

La jueza del primer turno del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Cristina Cabrera, por ejemplo, tiene aproximadamente mil juicios para resolver, todos de 330.000 pesos -el mínimo para un reclamo patrimonial- en adelante. "Según mi experiencia, se le gana mucho al Estado porque éste lamentablemente comete muchos errores. No es necesariamente que sean cosas ilegítimas. A veces son hechos u omisiones que por error o ineficiencia determinan una falta por la cual hay que reparar al afectado", explica.

La lista de juicios perdidos por los uruguayos puede parecer interminable. Por año, un ente autónomo como Antel o Ancap puede enfrentar miles de demandas. "Acá nos hacen juicio por todo. Todo lo que uno pueda imaginarse como razón para litigar contra UTE, es poco", dice Mari Carmen Pascale, integrante del equipo jurídico de la empresa de electricidad.

Escoger unos pocos ejemplos, sin embargo, alcanza para constatar el a menudo desolador panorama de las luchas judiciales del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por poner un caso, deberá abonar nueve millones de dólares a más de 700 de sus funcionarios por compensaciones salariales impagas, según se anunció en marzo. La ley que determinó la creación de un fondo común por parte de las unidades ejecutoras del ministerio, desde el cual deben pagarse dichas compensaciones, no fue cumplida por la dirección. Así lo entendió el Tribunal de Apelaciones, que señaló irregularidades en el cálculo de los aportes. Los funcionarios del MEF fueron a la Justicia y ésta laudó, no una sino dos veces a favor de los demandantes. El MEF anunció que apelará.

Fuera de la administración central, en el mundo de los entes autónomos, también pasa lo mismo. Antel sigue arrastrando, desde hace casi tres años, más de una derrota contra el gremio de los guardahilos, que hasta ahora ha reclamado exitosamente ante el organismo para cobijarse bajo el manto del funcionariado público. La Suprema Corte de Justicia, última y máxima instancia, le dio la razón a diez guardahilos y éstos reclaman una suma que supera los tres millones de dólares. Pero hay más de 100 reclamos adicionales. Además, casi la mitad de los 132 juicios en trámite ya tuvieron una sentencia a favor de los demandantes en una primera instancia. El propio presidente de Antel, Edgardo Carvalho, ha dicho que la empresa puede llegar a tener que pagar 50 millones de dólares.

Esas cifras no son mucho en comparación con un caso emblemático de las recientes derrotas judiciales: la del Banco Comercial. Luego de varios años de litigios, una corte de arbitraje internacional falló, y es inapelable, que Uruguay deberá pagar un total de 140 millones de dólares a los tres bancos extranjeros que fueron socios del Comercial, a partir de un contrato firmado durante el gobierno de Jorge Batlle. A eso se le sumó el fallo de la Justicia local, tras 18 años de juicios, que obliga al Estado a pagarle 12 millones de dólares a los descendientes del empresario egipcio Elías Ibrahim, quien se consideraba perjudicado como accionista del banco cuando el Comercial fue vendido a los hermanos José y Carlos Röhm.

El costo de los juicios derivados por el Banco Comercial -aproximadamente 150 millones de dólares si los fallos se mantienen- representan casi dos tercios del costo del Plan de Emergencia, que consumió, según cifras oficiales, 220 millones desde 2005 a 2007. Y eso que, como dice la jueza Cabrera, el Estado se defiende bastante bien en las áreas que tienen que ver con la economía y las finanzas. Respecto a cómo llevan adelante los juicios otras dependencias públicas, no quiso pronunciarse.

Todos los consultados coinciden en la complejidad del problema, cuyas causas son múltiples y que se agrava por el hecho de que, todavía, no se sabe con exactitud la cantidad de juicios que afronta el Estado.

Hace dos años se creó una oficina para recabar toda la información acerca de la cantidad y naturaleza de los juicios a las instituciones. La Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales fue creada el 19 de diciembre de 2005 por la ley 17.930. Uno de sus cometidos es recoger y procesar esa información. Pero los tiempos burocráticos se corresponden con los judiciales: son prolongados. El plan de trabajo aún está diseñándose, y del ambicioso proyecto de centralizar la información acerca de los juicios al Estado, queda la inconclusa meta de al menos tener a mano los datos que conciernen a los ministerios.

"Esto es un programa nuevo y lleva tiempo poner en marcha cada uno de sus aspectos", dice Jorge Preza, de esa Dirección y agrega que de las nueve personas del equipo, no todas pueden dedicarse a esa tarea, sino solo tres.

Según explica Preza, la Dirección tendrá la potestad de obligar a las dependencias públicas a enviar los detalles sobre demandas y contrademandas a la oficina. Pero todavía no la tiene, por lo que se limita a solicitar, informalmente, dicha información. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la abogada Ana María Ferraris reconoce que a pesar de que debería haber enviado la información, aún no lo ha hecho. "La OPP enfrenta 35 juicios actualmente", dice Ferraris, que hace 10 días era la única abogada de la oficina; ahora son cuatro. "Acá no se dan muchos juicios porque este es un órgano asesor. Las empresas públicas sí enfrentan muchas demandas", dice con conocimiento, ya que fue representó a UTE por casi 20 años.

"A veces uno escucha comentarios por casos sonados en los que el Estado perdió mucha plata y yo me pregunto en qué situación fue el abogado a defender y por qué hechos. Porque a veces el jerarca no escucha ni sigue las recomendaciones del equipo jurídico del organismo". Para ella, una de las razones por las cuales el Estado pierde es porque transa poco. "Se podría ahorrar mucho dinero y esfuerzo. Pero no es fácil transar, porque eso a veces implica reconocer errores. Pero el Estado no es infalible. No tiene porqué serlo porque tiene un soporte humano". Cabrera coincide: "El estado transa muy poco, ahí habría que cambiar la legislación. Debería ser más fácil, pero el Estado está restringido en su capacidad de acción". Hasta Tabaré Vázquez opina lo mismo: "Es mejor lograr un mal acuerdo que un buen pleito", le dijo a El Observador el miércoles.

Desde el Poder Ejecutivo, se maneja crear un equipo de abogados único para manejar todos los juicios. También, que haya un Protocolo de Defensa del Estado que establezca cómo se debe proceder ante demandas de cualquier índole. Los anuncios no han pasado de ser eso. Algunas de las fuentes se permiten dudar de las declaraciones de buenas intenciones y sus alcances. Además, la idea de un equipo único jurídico para encargarse de todos los juicios es recibida con reparos. Hay quienes opinan que si ese equipo se encarga únicamente de los litigios en contra de la Administración Central, puede funcionar. "Pero para un abogado de Antel tener que encarar un juicio de UTE o OSE puede ser complicado. El ente tiene una competencia jurídica específica. Si se desmantela el know how de esos abogados transfiriéndolos a un equipo único, se haría más difícil litigar exitosamente", dice una fuente, que agrega que esos anuncios muchas veces son pura retórica. u

Una estancia ganada y perdida

El 20 de mayo, El País informaba que "El Estado perdió la estancia de los narcos". La propiedad expropiada de los narcotraficantes tuvo que volver a los antiguos dueños, que le habían vendido la estancia a una sociedad anónima. Según el fallo, el Estado deberá pagar cerca de dos millones de dólares.

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Una futura "andanada de juicios"

La nueva ley de Ordenamiento Territorial habilita al Estado a expropiar tierras ocupadas o "improductivas" en un plazo mucho más corto que antes: de 30 a cinco años. Desde la oposición se entiende que la ley, sancionada el mes pasado, traerá "una andanada de juicios".

El TCA

Reforma demorada

No pertenece al Poder Judicial, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falla en los actos administrativos del Estado, generalmente para confirmar o anular dichos actos. "Acá puede venir cualquier ciudadano en demanda de amparo de justicia", dice el ministro Dardo Preza. Con una gran cantidad de juicios a cuestas (cada año, se inician cerca de mil ), y poco personal, hay planes para reformar el TCA y agilizar los trámites. El proyecto ya está pronto, según el ex presidente del Colegio de Abogados Gastón Volonterio, pero sigue sin entrar al Parlamento.

El ente ganador

Con todo, el Estado litiga con éxito en algunas áreas, como en UTE. El director de la Asesoría Jurídica del ente desde 1992, José Alem, dice con confianza que de los aproximadamente 15 millones de dólares que le demandan a UTE en este momento, confía en pagar 400.000 dólares. "Acá, el Estado no pierde plata", afirma. Alem sustenta la confianza en la abogacía preventiva. "Asesorarse lo más posible antes de que el ente proceda evita un montón de juicios. Y tener la confianza del directorio. Acá la hemos tenido, más allá de las banderas políticas de los jerarcas".